LOS REFUGIADOS SIRIOS, ¿VÍCTIMAS A LA VEZ QUE PROBLEMA?

Por Airy Domínguez Teruel

Bulent Kilic/Agence France-Pressedestroyed Syrian town of Kobane, also known as Ain al-Arab. Kurdish forces recaptured the town on the Turkish frontier on January 26, in a symbolic blow to the jihadists who have seized large swathes of territory in their onslaught across Syria and Iraq. AFP PHOTO/BULENT KILICBULENT KILIC/AFP/Getty Images NYTCREDIT: Bulent Kilic/Agence France-Presse -- Getty Images
Fotografía original: Bulent Kilic/Agence France-Presse

La inmolación del joven tunecino Mohamed Bouazizi sería la mecha que encendería la oleada de movimientos sociales que impregnaron la región MENA la primavera de 2011. Un contexto en el que Siria destacaría, no únicamente por la salida a la calle de cientos de miles de personas en búsqueda de reformas y mayores cuotas de libertad, sino por la violenta respuesta del régimen. Los esperados cambios políticos serían sustituidos por una extrema represión por parte del presidente Bashar al-Assad, quien viendo peligrar su privilegiada posición recurriría al sectarismo[1] para confrontar a la sociedad siria y asegurar su permanencia en el poder. De este modo, las protestas se militarizaron dando lugar a un enfrentamiento civil del que se cumplen más de seis años. Un conflicto que ha provocado la mayor emergencia humanitaria desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, con más de 5 millones de refugiados, 8 millones de desplazados internos y más de 400.000 víctimas mortales (CEAR, 2017).

Asimismo, la respuesta de al-Assad y la militarización del conflicto han ido acompañadas de la restricción tanto del acceso a la ayuda humanitaria como de productos básicos. Con ello, el régimen consigue dejar a la población al límite de su resistencia, lo que deriva en tres consecuencias, a saber, el aumento del número de refugiados y desplazados; la obtención del control sobre algunos territorios estratégicos por el régimen, y la puesta en evidencia de que el humanitarismo es para los poderosos una labor política. En relación a la última idea, hay que tener en cuenta que la toma de decisiones de los organismos internacionales en torno a las intervenciones humanitarias no sólo responde a la gravedad de la situación o accesibilidad de la zona destinataria de ayuda, sino también de las estrategias que los actores del conflicto lleven a cabo dentro del territorio en disputa (Ghotme, R., y García Sicard, N., 2016: 369-370)[2]

Desde los inicios del conflicto en 2011, han llegado a Europa en torno a un millón de desplazados sirios – bien como solicitantes de asilo o como refugiados – [3], una situación que se ha traducido en un duro revés para el continente. Ante la llamada “crisis de los refugiados”, Europa respondió con una estrategia cuyo fracaso ha sido públicamente reconocido.

Refugiado Convención

Entre las acciones mas destacables de la UE en materia de refugiados se encuentran el acuerdo con Turquía y la política de reparto. El acuerdo UE-Turquía entró en vigor en marzo de 2016, fruto de la reunión de los dirigentes europeos en Bruselas donde, saltándose sus obligaciones internacionales, acordaron que toda persona que llegara de forma irregular a las islas griegas sería devuelta a Turquía – incluidos los solicitantes de asilo –. Por su parte, Turquía recibiría una ayuda de hasta 6.000 millones de euros para atender a los refugiados que acogía en su seno, las personas de nacionalidad turca podrían viajar a Europa sin visado y, tras el descenso en el flujo de llegadas irregulares, se activaría un programa humanitario para trasladar a personas sirias de Turquía a países europeos. El resultado fue, a grandes rasgos, la dudosa protección de parte de los refugiados por Turquía y una comunidad refugiada atrapada en las islas griegas bajo míseras e inseguras condiciones (Gogou, K., 2017). Además del incumplimiento de sus dos principios fundamentales, pues ni ha habido expulsiones masivas de Grecia a Turquía, ni se han abierto vías legales y seguras desde Turquía a la UE (Garcés-Mascareñas, B., y Sánchez-Montijano, E., 2017).

Por su parte, la política de reparto de refugiados que constituía la espina dorsal de la respuesta europea para la reducción de la crisis, manifestaba su fracaso el pasado septiembre de 2017. Así, de los 1,4 millones de migrantes que llegaron a las costas mediterráneas entre 2015 y 2016, el reparto solo alcanzó a 160.000, de los cuales finalmente solo fueron distribuidos 29.144 candidatos (Abellán, L., 2017). Unos decepcionantes resultados que responden a la falta de voluntad política de gran parte de los Estados europeos. 

Pese al papel de Europa como receptor de refugiados, la mayor parte de estos no se encuentran dentro de sus fronteras, sino que, como muestra el Gráfico 1, se hallan en los países limítrofes, siendo Turquía , Líbano y Jordania los receptores más destacados. Alrededor de tres millones están registrados en Turquía; mientras que Líbano ha acogido a más de un millón, convirtiéndose en el país con el ratio más alto de refugiados por habitante —183 por cada 1.000 residentes—. En torno a un millón se marchó a Egipto, Irak o Jordania – siendo Jordania el mayor receptor – (Delle Femmine, L., 2017). 

Fuente: Pew Research Centre

Ante estos movimientos masivos de población y su extensión en el tiempo, la cuestión de los refugiados ha sido securitizada [4]. Estos son tratados como una amenaza para la seguridad societal, un problema o, como afirmaba el sociólogo Zygmunt Baumann, “residuos humanos […] fuera de lugar” en las sociedades a las que migran (Zygmunt B, 2004:16).

La aparición, a nivel legal, del refugiado como concepto y problema se remonta a la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, que se propuso hacer frente a la situación de los refugiados en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, así como a las expulsiones masivas producidas tras la guerra en la URSS y en países de Europa del Este (González, C., 2017). Para ello se determinó un cambio de actitudes y prácticas en los procesos de toma de decisiones bajo un modelo multilateral – consideraba la aceptación de acuerdos sobre temas de seguridad, derechos humanos, desarrollo y las responsabilidades para los países que la ratificaron –.

Dicha Convención cuenta con una serie de características que pueden derivar en consecuencias negativas para los refugiados. En este sentido, el ordenamiento legal internacional vigente reconoce un sistema de Estados-nación que se basan en su soberanía a la hora de abordar este “problema”. Es decir, la Convención no asegura ni la mejora de las condiciones de los refugiados ni obliga a su aceptación, dando a los países la libertad de definir quién puede ser susceptible de recibir el estatus de refugiado en función de sus intereses de seguridad, sus preferencias y sus leyes (Ghotme , R., y García Sicard, N., 2016: 367). Además, como afirma la investigadora Carmen González Enriquez, se trata de una regulación obsoleta, no cuenta con la firma de todos los países, las normas no abordan la cuestión de cómo financiar la atención a los refugiados – principal problema para el cumplimiento de la Convención – y fue diseñada para resolver una crisis acotada en un tiempo y un espacio, presentándose en la actualidad como el marco para gestionar un problema permanente que traspasa fronteras.

IMPACTO REGIONAL: los casos de Turquía, Líbano y Jordania.

Los casos de Turquía, Líbano y Jordania, sirven para exponer tanto la situación en la que se encuentran los refugiados sirios en la región, así como el papel que juega la securitización o consideración de estos como amenaza – tanto por parte de los Estados, como por parte de la población –. Pues, estos tres países comparten frontera con Siria y reciben un número importante de refugiados.

Turquía:

Turquía cuenta con unos 3´4 millones de refugiados sirios, los cuales se encuentran asentados fundamentalmente en Estambul, Mersin, Adana, y el sudeste del país – donde se encuentran la mayoría de los campos de refugiados – .

Se trata de uno de los países signatarios de la Convención de Refugiados de 1951, aunque ha conservado las restricciones geográficas originales de la misma. Así, sólo se les concede el estatus de refugiado a quienes buscan asilo como resultado de los acontecimientos en Europa. Aquellos que huyen de la persecución de otros países son percibidos como ‘refugiados condicionales’, y aceptados bajo la condición de que estén transitando hacia un tercer país en el que asentarse.

Sin embargo, ante la crisis de refugiados sirios Turquía ha introducido un nuevo estatus legal nacional para estos solicitantes de asilo, incluida la concesión de ‘protección temporal’ y la introducción de un restricción temporal y geográfica (HPG, 2017: 9).

En lo que a la actuación de las autoridades se refiere, durante los primeros meses de la crisis siria Erdogan decidió optar por una posición mediadora. Así, buscaría el diálogo entre Assad y el pueblo sirio, alentándole a realizar reformas con cierto éxito[5]. Sin embargo, la evolución de los acontecimientos provocaría que la propia Turquía padeciese las consecuencias del enfrentamiento, al tener que hacer frente, en otras cuestiones, al flujo de ciudadanos sirios que se instalaron dentro de sus fronteras (Meneses, R., 2013: 131). Ello se tradujo en un gran reto para el gobierno turco quien, desde entonces, ha liderado la coordinación e implementación del apoyo a los refugiados dejando un espacio limitado para la intervención de otros actores – incluidos la sociedad civil local, cooperativas comerciales, agencias humanitarias –. Todo dentro de un contexto de agitación política, lucha contra el Estado Islámico, y reavivación del conflicto con los kurdos. Entre las acciones más destacadas se encuentra el ya mencionado acuerdo con la Unión Europea de una serie de medidas para reducir la llegada de refugiados a Grecia. Cuestión que ha permitido la deportación de cerca de 2000 personas, reduciéndose las expulsiones a la mitad en 2017, al tiempo que las fronteras orientales de la Unión Europa parecen prácticamente selladas (Garcés-Mascareñas, B., y Sánchez-Montijano, E., 2017) .

Respecto a la situación de los refugiados sirios en el país, esta ha sido mundialmente cuestionada debido a las precarias condiciones laborales y de vida que han de sufrir. En el campo laboral, las estimaciones apuntan a que entre 750,000 y 950,000 sirios trabajan en el sector informal, mientras que los sirios con permisos necesarios para encontrar empleo formal descienden a 15.000. Una situación que responde a múltiples cuestiones, entre ellas, el bajo nivel educativo y la escasa cualificación de quienes permanecen en tierras turcas; el desconocimiento de la lengua vehicular; y las barreras burocráticas que disuaden a los empresarios sirios de establecer empresas formales (International Crisis Group, 2018). En esta línea, la frustración general de la mayoría de los refugiados sirios en el país es la precariedad laboral – un trabajo mal pagado[6], no cualificado y sin protección –. Junto a ello se encuentran situaciones de acoso y maltrato generalizadas (HPG: 22)[7].

En cuanto a los medios de subsistencia de los refugiados, en Turquía se podría hablar de tres grupos. En primer lugar estaría aquel centrado en la supervivencia (aquellos que se encuentran en situación de extrema pobreza, con limitadas redes de apoyo, que luchan para cubrir sus necesidades básicas). En segundo lugar, aquellos situados en el centro (refugiados con algún tipo de ingreso o apoyo que les permite satisfacer parte importante de las necesidades de subsistencia, pero que resulta insuficiente vivir segura y cómodamente). En tercer y último lugar estarían los refugiados enfocados en la integración (estables a nivel económico y con un capital social, lingüístico y educativo fuerte). Lo anterior, sirve para poner de manifiesto la diversidad de prioridades, objetivos y aspiraciones de los refugiados (HPG: 33), a quienes se suele considerar como una masa homogénea que difiere mucho de la realidad.  

Junto a estas dificultades, se encuentra el progresivo recrudecimiento de las tensiones entre las comunidades de acogida y los refugiados sirios. Estas quedan reflejadas en la triplicación de los enfrentamientos violentos en la segunda mitad de 2017[8] y en la muerte de al menos 35 personas. Una violencia que se revela con mayor intensidad en las zonas metropolitanas de Estambul, Ankara e Izmir, donde los sirios son percibidos como una amenaza tanto a nivel político como económico. Aquí, cabría recurrir de nuevo a la concepción de refugiado como problema, aunque esta vez desde el punto de vista de la propia sociedad. Asimismo, una de las cuestiones más preocupantes de la comunidad de refugiados sirios es la situación que sufren los menores de edad. En este sentido, 370.000 de casi un millón de niños sirios en edad escolar no están inscritos y alrededor de 230.000 asisten a los centros de educación temporaria o TECs (International Crisis Group, 2018).

Líbano

Desde los inicios de la guerra, Líbano se ha presentado como país receptor de refugiados sirios llegando a contar con 1´5 millones, el equivalente a un 25% de su población. Una cifra que en la actualidad, se estima, ha descendido a menos de un millón, de los cuales la inmensa mayoría se encuentra asentada en las provincias de Bekaa, Monte Líbano y Líbano Norte.

En el caso de Líbano, al igual que ocurre en Jordania, se trata de un país no signatario de la Convención del Estatuto de los Refugiados de 1951, lo que se traduce en importantes lagunas a nivel de derechos para los refugiados, quienes ni siquiera son referidos como tales en el país.

Si bien la dinámica del gobierno en los inicios no destacó por la facilitación del camino de los refugiados ni por la expulsión de los mismos, en el transcurso del tiempo se ha ido imponiendo el discurso de los refugiados como amenaza para la seguridad. El punto de inflexión lo encontramos con la toma de la ciudad de Arsal por el Estado Islámico (EI), y otros grupos afines, en agosto de 2014. A partir de ahí, el Estado libanés comenzó a plantear restricciones al acceso desde Siria, entrando en enero en vigor las actuales condiciones de entrada para los sirios. De este modo, las autoridades iniciaron la implantación de un sistema de acceso que en su mayor parte no atiende a la situación de conflicto. En él se establecen distintos tipos de visados – turismo, negocios, estudios, tránsito, estancia médica, etc. –, para cuya obtención se ha de presentar una documentación de difícil obtención. Junto a esta vía de acceso existe la opción de entrar mediante la “esponsorización” por parte de un libanés.

A las dificultades de consecución de visados hay que añadir las exigencias extraordinarias para la renovación de los permisos de residencia, entre ellas se encuentran el pago de 200 dólares anuales por cada persona mayor de 15 años; la acreditación de un patrocinador libanés – persona física o jurídica – y presentar el certificado de alquiler de una vivienda (González-Úbeda, M., 2017: 4 -5). Aquí, cabe detenerse en la cuestión del patrocinio o “esponsorización” pues, como afirma María Gonzalez Úbeda, esta exigencia expone a los refugiados a toda una serie de abusos por miedo a que su patrocinador (normalmente el empleador) les retire su apoyo.

Otra de las medidas tomada por las autoridades libanesas ante la llegada de los refugiados, ha sido la orden dada a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados de dejar de registrar nuevos casos. Esto se traduce en la imposibilidad de otorgar el estatus de recién llegados como refugiados por ACNUR (Reidy, E., 2018). Además, las autoridades libanesas se han cerrado a la posibilidad de crear campos de refugiados, aunque se han creado algunos de manera improvisada.

La consideración de los refugiados como amenaza a calado igualmente en la población libanesa, que los considera un problema frente a la estancada economía y los débiles servicios públicos del país, así como un posible foco para la proliferación del radicalismo[9]. Una cuestión que repercute en la calidad de vida de los refugiados pero que ha de ser entendida dentro de un contexto. La creciente hostilidad hacia los refugiados sirios cuenta, en el caso libanés, con raíces profundas. Las tropas sirias ocuparon el Líbano desde 1976 hasta 2005 [10], cuestión que ha quedado reflejada en las facciones políticas del Líbano, las cuales se encuentran divididas entre los que apoyan a Assad y los que se posicionan en su contra. Junto a ello se encuentra el temor a que la afluencia de un gran número de refugiados sirios – mayoritariamente sunitas – se altere el débil equilibrio sectario en la base del sistema político libanés[11] (Reidy, E., 2018). Asimismo, Líbano se presenta como veterano a la hora de acoger refugiados, pues no hemos de olvidarnos de la comunidad palestina en Líbano, quien fue obligada a abandonar su tierra en 1948.

Por último, cabría mencionar la precariedad laboral favorecida por la ya mencionada “esponsorización” pues, como afirma María Gonzalez Úbeda, esta exigencia expone a los refugiados a toda una serie de abusos por miedo a que su patrocinador (normalmente el empleador) les retire su apoyo. Junto a ello se encuentra la nefasta situación de los menores, quienes sufren explotación laboral y se enfrentan a importantes dificultades para acceder a la educación. Antes del estallido de la guerra, el 94% de los niños y adolescentes asistían a clases de primaria y secundaria en Siria. Ahora, en Líbano, de la población refugiada menor de 18 años – 49,1% de los sirios en el país – sólo el 40% recibe educación (González-Úbeda, M., 2017: 8).

Jordania:

En Jordania viven en torno a 1´3 millones de refugiados sirios, el 77% de los cuales se encuentra en las zonas fronterizas de Irbid y al-Mafrag, así como en Ammán – la capital –. Según datos de ACNUR, más de 650.000 se encuentran registradas en el país.  A diferencia de las autoridades de otros países, el gobierno jordano se ha posicionado como coordinador en lugar de como implementador de la respuesta a la cuestión de los refugiados (HPG, 2017: 63). Como se señalaba en párrafos anteriores, se trata de un país no signatario de la Convención de 1951, pero ACNUR puede operar en virtud de un Memorando de Entendimiento (MoU) de 1998 con el gobierno. Pese a ello, el gobierno ha rechazado la terminología de “refugiado” de ACNUR, pasando a hablar de “invitados” – carente de significado legal –, con lo que los sirios se encuentran de este modo dentro de un marco legal ambiguo (HPG, 2017: 23).   Al igual que Líbano, en los inicios Jordania mantuvo una política de fronteras abiertas hacia los sirios. En este sentido, Human Rights Watch (HRW) señala que “[h]asta mediados de 2013, Jordania permitió a los sirios entrar a través de todos sus cruces fronterizos informales en el este y el oeste, aunque negó la entrada a muchos hombres sirios que cruzaban sin parientes, refugiados palestinos de Siria y personas indocumentadas” (Human Rights Watch, 2015). Sin embargo, 2013 será el punto de inflexión, pues desde entonces las dificultades de acceso a territorio jordano fueron aumentando hasta el cierre total de las fronteras (González-Úbeda, M., 2017:3).  

Si bien Jordania reconoce el estatus de refugiado a quienes huyen del conflicto, al no haber firmado la Convención del Estatuto de los Refugiados las autoridades no están vinculadas a las obligaciones a las que, según establece la Convención, debe hacer frente el país de acogida. Aquí, quienes llegan desde Siria, ya sea a través de pasos fronterizos legales o de forma irregular, son atendidos por ACNUR en alguno de los campos establecidos, y no requieren de visado para entrar, pasando a ser considerados automáticamente refugiados. Asimismo, las autoridades jordanas han permitido la construcción de campos de refugiados – Zaatari, Mrajeeb al-Fahood, Cyber City y Al-Azra –. Cabe señalar, que pese a la existencia de estos campos, sólo el 20% de los refugiados en Jordania se encuentra asentado en ellos, siendo en el caso de las mujeres sin la compañía de un hombre, debido a la inseguridad de los mismos – los casos de violaciones y matrimonios infantiles se han disparado – (González-Úbeda, M., 2017: 6-8 ).

En referencia a los permisos, quienes se encuentran viviendo fuera de los campos requieren de una autorización legal y de una tarjeta de servicios facilitada por el Ministerio del Interior – para poder acceder a la sanidad y a la educación pública –. Por su parte, a nivel laboral la situación vuelve a ser precaria. Los primeros años, Jordania impidió a la población siria acceder al mercado laboral recurriendo para ello a las altas tasas de desempleo del país – cuestión que cambiará 2016, fruto de un acuerdo con la comunidad internacional – . Ello llevó a la integración de los refugiados en la economía sumergida, y a la disposición a trabajar por escasos salarios y en precarias condiciones, lo que una vez más ha provocado enfrentamientos con los locales.

En línea con lo anterior, en la esfera social, al igual que ocurre en Líbano y Turquía, los refugiados han pasado a ser considerados por muchos locales como la causa de la subida del desempleo, como un problema o una amenaza.

Por su parte, en el campo de la educación los datos mejoran, pero siguen siendo preocupantes. En Jordania, los menores suponen el 51% de los refugiados sirios siendo el porcentaje de escolarización del 70% (González-Úbeda, M., 2017: 9 ).

Conclusiones

En Siria, más de once millones y medio de ciudadanos se han visto obligados a dejar sus casas. En diversos momentos los países vecinos han cerrado sus fronteras, mientras que Israel no se ha dignado a abrirlas. Ello ha provocado que miles de personas se queden atrapadas en la frontera, una situación que junto a otras como las desapariciones, el sufrimiento, las violaciones de derechos humanos, se han convertido en el día a día de aquellos que se han visto obligados a huir del conflicto. Frente a esta situación la comunidad internacional parece haber ensordecido. En este sentido, en 2016 – año con mayores muertes en el Mediterráneo – “[…] la UE no solo rechazó la posibilidad de abrir vías legales y seguras para las personas refugiadas, sino que, además, cerró sus fronteras y […] suscribió un acuerdo con Turquía que vulnera la normativa europea e internacional en materia de asilo” (CEAR, 2017: 26).

Así, los países más cercanos, con una situación socioeconómica ya de por sí complicada, han tenido que enfrentarse al “problema” mientras la comunidad internacional buscaba “alejarlo” y “ solucionarlo” desde la distancia, por medio de una financiación y políticas que se tornan insuficientes. Todo en base a la securitización de una situación que ha permitido que en diversas esferas los refugiados hayan ido dejando su carácter de víctima para pasar a ser vistos como una amenaza, generando la dicotomía del nosotros – nuestra seguridad, nuestro bienestar, etc. – o ellos. Una cuestión que debido al contexto se hace más palpable en países como Turquía, Líbano o Jordania, a los que se ha cargado con la mayor parte de la responsabilidad, la cual sin duda es o habría de ser compartida por toda la comunidad internacional. Quizá, si Occidente se hubiese implicado más en una cuestión que no es sino la garantía de unas condiciones de vida digna de aquellos que huyen de una situación de conflicto, en lugar de aferrarse a sus vallas, el panorama sería distinto.

En defiinitiva, podría decirse que la percepción de los refugiados como amenaza, sumada a otras cuestiones, se ha traducido en el sufrimiento de situaciones de pobreza extrema, inseguridad, abusos, costes psicológicos… Una cuestión que está incidiendo tanto en el presente como en el tiempo venidero, ya que las generaciones futuras no sólo están quedando marcadas por todo lo mencionado, sino que en una parte importante de los casos carecen de acceso a la educación, cuestión que podría afectar gravemente a la capacidad de reconstruir Siria.

NOTAS AL PIE

[1] Esta estrategia de “divide y reinarás” ha intensificado la crisis y las diferencias tanto entre las comunidades sunníes, alauíes, cristianos, como entre los grupos étnicos árabes, kurdos, turcomanos, asirios y circasianos. El objetivo no era otro que infundir el miedo y restringir la conformación de una oposición unificada (GHOTME, R., y GARCÍA SICARD, N., 2016: 369)

[2] La ayuda humanitaria como una herramienta de poder y la intransigencia de los actores armados contribuyen a aumentar el flujo de desplazados. Un ‘problema’ que “[…] se refleja en la dimensión internacional de la guerra civil siria, ya que los campos de refugiados sirios, al “camuflar” militantes o generar desequilibrios sociales, se han convertido en fuentes de inestabilidad en los países de mayor acogida” (Ghotme, R., y García Sicard, N., 2016: 370

[3] Más de 500.000 sirios llegaron a Alemania pidiendo asilo, lo que sitúa al país germano como el quinto cuanto a población siria desplazada. A este le seguirían Suecia (más de 110.000) y Austria (unos 50.000). Junto a los buscadores de asilo, entre 2011 y 2016 en torno a 24.000 sirios se establecieron formalmente como refugiados en Europa (Connor, P., 2018).

[4] La teoría de la securitización es presentada y difundida con la publicación Security: a new framework of analysis (1998). En dicha obra, Buzan, Waever y de Wilde emplean el término securitización para referirse a aquellos actos de habla efectuados por una autoridad considerada como legítima, que se refiere a una “amenaza existencial” la cual requiere de una medida de emergencia. Un proceso que únicamente se define como exitoso si el discurso es aceptado y validado por la opinión pública.

[5] Entre ellas se encuentra la permisión de retorno de los Hermanos Musulmanes, no así su reconocimiento como partido político.

[6] Los sueldos generalmente son insuficientes para pagar los alquileres y gastos de vida, mantener a la familia y ofrecer a los niños la posibilidad de ir a la escuela. Todo dentro de un contexto de precariedad e inseguridad (HPG: 63).

[7] Para más información véase: Syrian refugees: Abuse and exploitation in Turkish garment factories; Turkey detaining, abusing and deporting Syrian refugees, says Amnesty y Turkey’s Syrian refugee problem spirals out of control.

[8] La violencia entre las comunidades de acogida y la de los refugiados se triplicó en la segunda mitad de 2017 con respecto al mismo periodo del año anterior (International Crisis Group, 2018).

[9] A ello habría que añadir el temor por parte de la sociedad a que los asentamientos sean caldo de cultivo del radicalismo. En este sentido, Sheikh al-Rafei, líder de la comunidad salafista en el Líbano – advirtió que los refugiados que sufran una sensación de dislocación y humillación social podrían ser atacados fácilmente por los reclutadores radicales (di Giovanni, J., 2018)

[10] La periodista Patricia Khoder, del diario de Beirut L’Orient Le Jour, contextualiza la presente situación de rechazo afirmando que tuvieron “[…] treinta años de ocupación siria” y que los sirios no se marcharon hasta después del asesinato de Rafik Hariri en 2005. A razón de lo anterior, Khoder compara la actual crisis de refugiados con un escenario imaginario en la Francia de la posguerra, preguntándose cuál habría sido la respuesta de los franceses si 20 millones de refugiados alemanes hubiesen descendido a París tras de la ocupación nazi (di Giovanni, J., 2018).

[11] Como afirma González Úbeda, “Este debate existe desde hace décadas en torno a los refugiados palestinos, también principalmente suníes. La potencial naturalización de ambos colectivos inquieta al resto de comunidades, al repartirse el poder político en el país en función del tamaño de cada una de ellas” (González-Úbeda, M., 2017: 4).

 

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