El islamismo en Marruecos: la llegada al poder del PJD

El islamismo en Marruecos: la llegada al poder del PJD

Por Youssef Bouajaj

El ex primer ministro, Abdelilah Benkirane, junto al rey de Marruecos, Mohamed VI. Fuente: Maroc.ma

“Nosotros no somos favorables a una monarquía parlamentaria porque consideramos que no es conveniente para nuestro país. El rey es la persona que ha de tener el poder suficiente para intervenir y equilibrar”. Con estas palabras se refería a su relación con la monarquía el político del partido islamista Justicia y Desarrollo (PJD) Abdelilah Benkirane, Primer ministro de Marruecos entre 2011-2017.  

El islam político o islamismo es un conjunto de movimientos que tienen el islam como ideología política y que intentan aplicarla en la sociedad. Todos los grupos islamistas reivindican la centralidad de la sharia para regular la vida social y cuestionan la hegemonía religiosa por parte del clero cercano al poder, es decir, de los ulemas e imanes. Siguiendo al pensador francés François Burgat, se puede hablar de la existencia de tres etapas históricas del movimiento islamista. La primera, a finales del siglo XIX, se caracteriza por su oposición a la colonización europea del mundo árabe/musulmán y por un intento de reivindicación de lo islámico. La segunda etapa, iniciada tras las independencias de los países árabes en los años cincuenta, viene marcada por las tensiones entre los islamistas y los nuevos regímenes de ideología nacionalista y laica. Los gobernantes árabes recurrieron a la represión contra los islamistas, lo que dio lugar a una nueva contestación por parte de estos grupos. Por un lado, hubo movimientos islamistas que moderaron su discurso para evitar la represión de las élites en el poder. Por otro, estaban aquellos que optaron por no renunciar a sus objetivos políticos y que trataron de imponerlos a través del uso de la fuerza, los yihadistas. La tercera etapa tiene su inicio en los años noventa, cuando se empiezan a consolidar formaciones islamistas en los gobiernos, como en el caso de Kuwait o Jordania. En este periodo también aparece un movimiento yihadista transnacional que tuvo su origen en Afganistán y que después se desarrolló con el ascenso del Estado Islámico (ISIS) en Irak y Siria.

En la actualidad, buena parte de los movimientos que se engloban dentro del islam político han moderado su discurso, y optan por la vía democrática para llegar al poder. La idea de establecer un Estado islámico basado en el gobierno de la sharia ha sido rechazada y sustituida por la pretensión de islamizar algunas leyes. Aquí, partidos políticos como el AKP (Turquía), PJD (Marruecos) o Ennahda (Túnez) son un claro ejemplo.      

La situación de los partidos islamistas en la región MENA (Oriente Medio y Mundo Árabe)// Fuente: The Economist

El largo camino hacia la normalización

En Marruecos, la monarquía es el actor político más importante ya que controla las fuerzas de seguridad, la administración, el poder judicial, el Gobierno y fija las reglas del campo económico. La legitimidad de la figura del rey proviene de su dominio sobre los asuntos religiosos, éste es entendido como Comendador de los creyentes, una figura que queda incluida por primera vez en la constitución de 1962. Justificado por su origen jerife (descendiente del profeta Muhammad), este título le atribuye al rey ser el jefe supremo de la nación y de la comunidad musulmana. Sin embargo, la hegemonía de la monarquía en el terreno religioso no es aceptada por todo el mundo, como quedó demostrado tras los atentados yihadistas del 16 de mayo de 2003 en Casablanca. Ante esta situación, la monarquía entendió la necesidad de llegar acuerdos con los movimientos islamistas, tal como lo hizo con el PJD a finales de los 90.

En los años setenta, el Palacio utilizó a los grupos islamistas para combatir el auge de los grupos de izquierda, pero en la década siguiente, la radicalización de algunos movimientos islamistas hizo que el Estado respondiera con la represión. Es en este contexto donde algunos militantes de la Juventud Islámica renuncian a la violencia y muestran su voluntad de participación en la vida política. Tras años de negociaciones, el Palacio permitió que estos grupos pasasen a formar parte del sistema político, siempre y cuando reconocieran al rey como Comendador de los creyentes, defendieran la integridad territorial de Marruecos y aceptaran el orden político vigente.

En 1996 este grupo de islamistas se integró en el partido político Movimiento Popular Constitucional y Democrático, donde se unieron a otras organizaciones islamistas como el Movimiento Unicidad y Reforma y formaron el Partido Justicia y Desarrollo. Con su legalización, el PJD tenía la oportunidad de participar en el sistema proponiendo reformas sin cuestionarlo. Por su parte, la monarquía conseguía cooptar a una parte del movimiento islamista marroquí e intentaba debilitar a otras formaciones como la ilegalizada Justicia y Espiritualidad. Fundado en 1981 por Abdelsalam Yasín, este grupo islamista no reconoce al rey como Comendador de creyentes.

El discurso político del PJD ha ido evolucionando desde posiciones más ideológicas hacía otras de carácter más pragmático. Entre los años 1997-2002, el partido se centraba en cuestiones religiosas como la regulación del consumo de alcohol, abogar por una banca islámica, reformar la industria del cine para que se adecuase a los principios islámicos y en denunciar las prácticas inmorales vinculadas al turismo. Sin embargo, a partir de 2002 el discurso del PJD comienza a moderarse, abandona el interés exclusivo en asuntos religiosos y pasa a tratar asuntos económicos y sociales. En este escenario, los atentados de Casablanca (2003) supusieron el giro definitivo al pragmatismo, pues la formación islamista recibió fuertes críticas de buena parte de sus oponentes políticos, quienes los acusaban de ser los responsables morales de los atentados.

La moderación del discurso unido al logro del PJD de no ser percibido como un partido cercano al Palacio, le proporcionó unos resultados electorales positivos elección tras elección. Sin embargo, debido al alto grado de institucionalización y de acercamiento al sistema, cada vez le resulta más complicado ser visto como un partido de oposición . 

Según Beatriz Tomé, el PJD tiene que jugar un doble juego. En primer lugar, al juego del régimen, lo que supondría asumir las reglas del sistema, aceptar la integridad territorial y reconocer al rey como Comendador de los creyentes. En segundo lugar, al juego electoral, donde el objetivo sería presentarse como un actor ciertamente alejado del sistema y diferenciarse de los otros partidos de la oposición. El peligro de llevar a cabo este doble juego, es ser percibido como un “partido islamista de palacio”. Pese a ello, el partido ha conseguido hacer frente a la mencionada situación gracias a una defensa de los valores musulmanes asociados a la nación marroquí y a presentarse como una alternativa política no asociada a la corrupción.

Esquema sobre el Sistema político marroquí//Fuente: Le Desk y Reporteros sin Fronteras

La llegada al Gobierno

Tras el estallido de las protestas en Túnez y Egipto en enero de 2011, en el marco de la denominada Primavera Árabe, Marruecos fue el siguiente país donde se produjeron las manifestaciones bajo el nombre del Movimiento 20 de Febrero (M20F). En un primer momento, los manifestantes demandaban reformas del sistema, entre ellas el establecimiento de una monarquía parlamentaria, pero a medida que pasaba el tiempo los protestantes radicalizaron su discurso pidiendo la derogación de la Constitución y la disolución del Gobierno y del Parlamento. 

El discurso del rey anunciando una reforma constitucional – que fue aprobada con el 98% vía referéndum- desinfló las movilizaciones del Movimiento 20 de febrero. En este contexto, el PJD decidió no apoyar las protestas y mantenerse fiel al sistema siempre que la monarquía aceptara ciertas reformas, y no pusiera trabas a su acceso al gobierno. En las anteriores elecciones, el PJD se había autolimitado no presentando candidatos en todas las circunscripciones, para remarcar su carácter moderado y no preocupar a la monarquía. En términos generales, hubo pocos cambios significativos en la reforma constitucional. Entre ellos destacaron la creación de la figura del Primer Ministro, elegido de la fuerza más votada en las elecciones teniendo el poder para disolver el parlamento. El PJD consiguió que se eliminaran las referencias de la libertad de conciencia en el borrador de la Constitución. El Secretario General del PJD, Benkirane, llegó a decir que la libertad de conciencia tendría efectos negativos por la identidad islámica del país y amenazó de votar en contra de la Constitución si se incluía.

El ser visto como un partido alejado de la monarquía, favoreció que el PJD no se convirtiese en el blanco de las protestas del M20F y, además, favoreció su posicionamiento como fuerza más votada en las elecciones legislativas de noviembre de 2011, lo que le convirtió en el primer partido islamista en lograrlo. El PJD logró superar al Partido Autenticidad y Modernidad, fundado en 2008 por un consejero del rey, Fouad Ali al-Himma, con el objetivo de contrarrestar el ascenso de los islamistas. Pese a la victoria, la ausencia de una mayoría absoluta obligó a Benkirane a formar un gobierno de coalición con partidos de otras ideologías, donde controlaba un tercio de los 31 ministerios. El sistema electoral marroquí está diseñado de forma que dificulta que un único partido obtenga la mayoría absoluta, forzando a los partidos a formar alianzas de Gobierno. Por su parte, el monarca reforzó su Gabinete Real con el objetivo de controlar al naciente Gobierno islamista.

Resultado de las elecciones legislativas en Marruecos en el 2016. Fuente: El País

El contexto de la región, donde las fuerzas islamistas estaban en retroceso, afectó negativamente al primer Gobierno de coalición, que duró hasta julio de 2013, cuando el partido Istiqlal lo abandonó. La formación de un segundo Gobierno de coalición perjudicó a los intereses del PJD que perdió el control de ministerios como el de Exteriores, mientras que personas cercanas al Palacio ocupaban cargos de relevancia. Esta debilidad para mantener la coalición, unida a la falta de experiencia en el gobierno, provocó impidió que el gobierno llevase a cabo su ambicioso plan de reformas, siendo la lucha contra la corrupción una de las principales promesas electorales que el PJD no logró materializar. Respecto a la política económica, una de sus principales tareas era reducir el gasto público por presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), abriendo las puertas a un parón en las subvenciones de productos básicos como los hidrocarburos, el azúcar y la harina. Esta impopular medida causó protestas que llevaron al gobierno a modificar su política y optar por subir sólo el precio del petróleo, aprovechando el bajo precio en el mercado internacional.

En materia religiosa, el Gobierno de Benkirane ha legislado para conseguir algunas de sus demandas, sobre la cuestión del alcohol. La postura del PJD ha evolucionado de abogar por la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas a musulmanes cuando estaba en la oposición, a decidir aumentar notablemente el precio de los productos alcohólicos una vez en el gobierno. Esto sumado a que la cadena de supermercados Marjane (controlada por el holding financiero de la monarquía) decidió dejar de vender alcohol, ha provocado que su consumo baje durante el mandato del PJD. En el mundo del cine, el PJD ha prohibido la película Much Loved de Nabil Ayouch- que trata el tema de la prostitución en el país- por considerar que la película «comporta un grave ultraje a los valores morales y a la mujer marroquí, además de un atentado flagrante contra la imagen de Marruecos”. La prohibición de la película junto con la presión social obligaron a Lubna Abidar, actriz principal de la película, a marcharse de Marruecos. Respecto a la banca islámica, el partido islamista fue quien impulsó su creación con el apoyo unánime del parlamento en 2014. Los bancos islámicos se caracterizan por no especular, no invierten en sectores haram (alcohol, drogas) y comparten riesgos y beneficios con los clientes. Un foco de tensión entre el PJD y la monarquía fue la propuesta del ministro de Comunicaciones, Mustafa el Khalfi, de reformar la televisión pública para obligar a retransmitir las cinco plegarias al día, reducir la programación en francés, ampliar la programación religiosa y prohibir los anuncios de lotería. Por presiones de la monarquía, la reforma no salió adelante.

La caída de Benkirane

Pese a las dificultades para llevar a cabo su programa de Gobierno a causa de compartir coalición con partidos de diferente ideología y tener la necesidad de ir con cuidado para evitar en todo momento entrar en conflicto con la monarquía, el PJD revalidó victoria electoral en las elecciones legislativas de 2016. Esto se explica por la gran popularidad de Benkirane, fundamentada en su claridad discursiva y su cercanía al hablar en dialecto, y sus enfrentamientos con la gente del entorno del rey, que le creó una imagen de contrapoder del sistema que contaba con el apoyo amplio de la población. Sin embargo, su estilo de hacer política era incómodo para la monarquía y para sus rivales políticos. Esta vez, tal y como ocurrió en 2011, Benkirane tuvo la tarea de formar un nuevo Gobierno de coalición, aunque sin la misma suerte. Los partidos políticos impusieron condiciones que no estaba dispuesto a aceptar, provocando que el rey lo destituyera como Primer ministro por otro político del PJD, Saadedin el Otmani, que sí que aceptó las demandas de los partidos para formar una nueva alianza.

El nuevo Primer ministro marroquí a diferencia de su predecesor, tiene un perfil más discreto y prefiere tener un tono más conciliador con el Palacio. En el nuevo Gobierno de Marruecos, el PJD no controla ningún ministerio importante, pese a ser el vencedor de las elecciones.  A ojos de los votantes la caída de Benkirane debilita al PJD, porque renuncia a ser un partido de oposición crítico con ciertos aspectos del sistema, lo que podría tener consecuencias negativas para el partido de cara a las próximas contiendas electorales

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Las milicias en Libia, un obstáculo para la paz

Las milicias en Libia, un obstáculo para la paz

Por Youssef Bouajaj y Airy Domínguez

Milicianos que respaldan al gobierno de unidad en Sirte// © Reuters

Llegamos, vimos, él murió”. Así celebró la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, la muerte de Muammar Gadafi, quien durante cuarenta y dos años ejerció el control sobre Libia. Durante las Primaveras Árabes, este país vio levantarse en armas contra el régimen a una parte de la población. Aquí,  la respuesta de Gadafi llevaría a la OTAN a intervenir para hacer cumplir la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que instaba a tomar todas las medidas necesarias para proteger a la población civil de la posible represión de las fuerzas de Gadafi.

En este contexto, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, advirtió que la operación militar tenía que centrarse únicamente en proteger a la población, y de ninguna manera buscar un cambio de régimen. Con ello, el presidente norteamericano buscaba evitar los errores cometidos por Bush durante la invasión de Irak en 2003, donde el intento de establecer una democracia en el país costó la vida de miles de soldados americanos y supuso un enorme gasto económico. Sin embargo, la intervención internacional fue más allá de su misión de proteger a la población civil. Francia, Qatar, Estados Unidos y Emiratos Árabes transfirieron armas a los rebeldes libios, incumpliendo con ello la resolución 1970 del Consejo de Seguridad que imponía el embargo de armas a Libia. Las potencias internacionales consideraron que para proteger a la población civil era necesario armar a la oposición libia, un apoyo que resultó clave para la victoria de los rebeldes.

Siete años después de la caída de Gadafi, Libia es un Estado fallido que cuenta con tres Gobiernos distintos y vive una guerra civil, un contexto que ha favorecido la proliferación de grupos terroristas como el Estado Islámico que encuentran en el país el escenario propicio para su desarrollo. Con todo, puede decirse que, en la Libia post-Gadafi, la transición a la democracia ha fracasado. Una cuestión en la que el papel de las milicias y su capacidad de establecerse como actores dominantes ha sido crucial

¿Qué ha favorecido la consolidación de las Milicias?

Hoy día Libia se encuentra dividida bajo el control de una serie de milicias con intereses contrapuestos, que inmersas en su lucha por el poder han impedido la pacificación del país. Esta es una de las consecuencias más directas de la caída del régimen en 2011, y ha sido posible debido a la existencia de un escenario concreto durante la era Gadafi, así como a la tradición histórica y cultural de los libios.

Libia es el país con más reservas de petróleo en África. Este recurso fue descubierto en 1959, durante el mandato del rey Idris, y permitió que el país pasase de ser uno de los más pobres de África a ser el de mayor renta per cápita de la región. Sin embargo, lejos de recaer en manos libias, fueron las compañías extranjeras quienes dominaron el negocio del petróleo, de manera que sólo una pequeña parte de los beneficios procedentes de este recurso era ingresada en las arcas del tesoro libio. Lo anterior, enmarcado en un ambiente donde el panarabismo crecía y el descontento político y social se avivaba, permitiría el triunfo del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1969 que quitó el poder al rey Idris para dárselo al Coronel Muhamad Gadafi.

Distribución de las instalaciones de gas y petróleo en Libia//© AFP

Desde su llegada al poder, Gadafi haría del petróleo su principal herramienta. La renta petrolera pasó a ser la principal fuente de ingresos del Estado libio y fue utilizada para impulsar medidas redistributivas entre la población y generar un nuevo modelo económico social. Alrededor de este recurso, Gadafi desarrolló una política intervencionista y clientelar que, unida a una serie de programas sociales, se tradujo en una mejora de las condiciones de vida de los libios. Esto sin dejar de lado a las élites del país, que fueron quienes realmente se beneficiaron del recurso petrolífero.

La histórica falta de unidad entre la población libia se ha visto favorecida por el marcado carácter tribal de su sociedad. En Libia, la población se ha guiado por los códigos de lealtad, fidelidad y obediencia al líder de la tribu, hasta el punto de que podría decirse que se trata de una federación de comunidades tribales, con leyes consuetudinarias, es decir, normas establecidas a partir de las costumbres de la comunidad y de la cultura. En el país existen unas 140 tribus, diferentes entre sí y sin identidades compartidas, un contexto en el que el petróleo se ha constituido núcleo en torno al cual se han articulado y, por tanto, el interés común.

Gadafi consiguió que esta división de la sociedad en grupos tribales y regionales no hiciera saltar por los aires la paz del país. Para ello, durante su estancia en el poder, procuró que su círculo más cercano lo conformasen miembros de su tribu, Gaddafa. Aunque, para mantener la estabilidad, se vio obligado a establecer alianzas con otras tribus como Magarha, Warfalla y Al-Awagir. Sin embargo, como quedaría patente tras su muerte, esta “unión” escondía una división histórica a la que se uniría la situación de privilegio con la que contaban las tribus de Tripolitania en el periodo de Gadafi y, por tanto, la marginalización y recelo de las tribus del este y el sur.

Disposición de las principales tribus en Libia //© Fanak

Junto a estas características del país, otro de los factores que favoreció la dominación de las milicias tras la caída del coronel fue la situación en la que se encontraban las fuerzas de seguridad en el periodo de las revueltas. Éstas habían sido debilitadas por el régimen debido a que Gadafi temía que sus propios hombres le dieran un golpe de Estado, lo que fomentó que la seguridad quedase en manos de diversos actores en competición. Lo anterior quedó reflejado tanto en los levantamientos iniciados en 2011, pues cada ciudad se levantaría por su cuenta contra el régimen, como en el desenlace de los acontecimientos, pues tras la caída del coronel la división sería el patrón reinante que permitiría el inicio de una lucha sin fin entre diversas facciones por el control del país y sus recursos.

Las milicias se interponen en el camino de la política

Tras la caída de Gadafi, las fuerzas políticas se van a posicionar como las principales protagonistas del proceso de transición con la creación del llamado CNT o Consejo Nacional de Transición a finales de febrero de 2011, que actuará como un gobierno provisional y conseguirá, desde muy pronto, el apoyo de la comunidad internacional. Pasado este periodo, el protagonismo de los actores políticos quedó representado en las elecciones de julio de 2012. De estas nació el Congreso General de la Nación (CGN) donde, pese al triunfo de los liberales, con Zeidán a la cabeza, en la práctica fueron los islamistas quienes terminaron controlando el Congreso. Una situación que cambiaría en las elecciones de junio de 2014, cuando los liberales pasaron a hacerse con el control desfavoreciendo la posición de los islamistas.  

Pese a su empeño, la rama política no lograría imponerse a la fuerza de otros actores presentes en el caos del país. A la caída de Gadafi, entre 100 y 300 milicias habían pasado a dominar la escena, una situación que el CNT trató de resolver dando prioridad a su desarme. Sin embargo, esta estrategia supuso un fracaso que llevó al planteamiento de una nueva solución: la creación de la “Fuerza de Escudo Libio” y el “Comité Supremo de Seguridad”. Dos estructuras que nuevamente fallaron en la consecución de su objetivo, pues la integración de las milicias de manera grupal en estas estructuras favoreció el mantenimiento de su autonomía y agenda.

La importancia de estas milicias no hará desaparecer a las fuerzas políticas, sino que se irá generando una dinámica en la que ambos actores – políticos y milicias – se apoyarán dando lugar a alianzas que les permitan alcanzar más poder y fuerza. En este contexto, las milicias de Misrata – aliada con los islamistas – y Zintán – apoyada por los liberales – serán las de mayor importancia. Durante el gobierno de Zeidán, debido a su situación de marginalidad, las milicias de Misrata se vieron abocadas a aliarse con los Hermanos Musulmanes representados por el Partido Justicia y Construcción (PJC) en el CGN. Aquí, el control del Congreso por el PJC favoreció que Misrata adquiriese un mayor peso en la política y en la seguridad, hasta el punto de que se le otorgaron labores de seguridad que normalmente corresponden a órganos e instrumentos del Estado. Por su parte, las milicias Zintán – de carácter laico y liberal – contaron con una posición relevante desde los inicios, pues se encontraban ya presentes en el CNT, debido a su asociación con la Alianza de Fuerzas Nacionales de Mahmoud Jibril. Además, el CGN favoreció que estas consolidasen su poder.  

La relación entre las milicias de Misrata y Zintan será relativamente pacífica hasta las elecciones de 2014, cuando las fuerzas liberales se posicionaron por delante de las islamistas provocando que estos últimos rechazasen el parlamento y recurriesen a la fuerza militar para compensar la situación de desventaja. A partir de entonces, existirán dos gobiernos con sus respectivos apoyos de milicias, por un lado, el Gobierno de Salvación Nacional, con sede en Trípoli y apoyado por una alianza de milicias denominada Amanecer Libio y, por otro, la Cámara de Representantes en Tobruk, que contaba con el reconocimiento internacional y el apoyo del general Jalifa Haftar y el Ejército Nacional Libio (ELN).

Tanto Haftar como su Ejército Nacional Libio resultan fundamentales para entender no sólo el desarrollo, sino la actualidad a la que se enfrenta Libia. La aparición del general en escena de manera determinante se remonta a 2014, cuando anunció en televisión la disolución unilateral del parlamento de Trípoli, la creación de un «comité presidencial» y un gabinete que gobernaría hasta que se celebrasen nuevas elecciones. Desde entonces Haftar pasará a ser el principal actor del este, a ello se suma el poder que le otorga su control sobre los principales pozos de petróleo. Entre sus acciones más destacadas se encuentran el lanzamiento de la operación Dignidad para acabar con la presencia de grupos yihadistas en el este del país (2014) y la liberación de Bengasi -la segunda ciudad más importante de Libia- de las manos de grupos como Ansar Sharia y Estado Islámico (2017).

El peso de las fuerzas políticas volvería a destacar a finales de 2015, cuando por mediación de la ONU se creó un Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA). Sin embargo, las milicias continuarían jugando un papel importante, pues serían las encargadas de ayudar al GNA a desplazar al Ejecutivo que se resistía en Trípoli. Pese a ello, el GNA no conseguiría integrar al este, el cual se encuentra dominado por Haftar y su Ejército Nacional Libio (ELN).

Esquema de las instituciones libias según lo establecido en el Acuerdo Político Libio //© IEEE

Junto a las alianzas con las fuerzas políticas, el aumento de poder de las milicias se ha visto favorecido por el uso de la fuerza y su presencia en lugares estratégicos, donde los emplazamientos petrolíferos suponen un terreno crucial, ya que este recurso es el eje central de la economía libia. Dentro de la lucha por el control de los pozos petrolíferos destaca el papel de los Guardias de Defensa, bajo el mando del Comandante Ibrahim Jadhran, pues serán quienes se hagan con su control hasta septiembre de 2016, cuando el ENL se hizo con las cuatro principales terminales de exportación petrolífera del país.

La financiación ha sido otro de los factores que ha determinado la deriva de estos grupos. Entre 2012-2014 las milicias se financiaban a través de fondos del Ministerio Interior y Defensa, un escenario que sería aprovechado por muchos líderes de milicias, que con el fin de enriquecerse inflarían el número de combatientes y los gastos de las operaciones. Sin embargo, a partir de 2014, se redujo el presupuesto destinado al pago de los grupos armados, lo que obligó a las milicias a buscar nuevas formas de financiación, entre las que destacan el secuestro de personas, la extorsión de entidades bancarias y el tráfico ilegal. Solo el tráfico ilegal de personas a través de Libia  genera beneficios económicos cercanos a los 1.000 millones de dólares. El presidente de la Compañía Nacional de Petróleo -institución encargada de gestionar la producción y comercialización del crudo- denuncia que el país pierde 750 millones de dólares al año por culpa del contrabando de petróleo.   

Esquema explicativo de los tres gobiernos presentes en Libia

El repunte de la conflictividad entre milicias

Dos años después de su surgimiento, el GNA sigue sin tener legitimidad debido fundamentalmente a que carece del apoyo del Parlamento de Tobruk. A esta debilidad institucional se le suma su posición como rehén de las milicias, pues el GNA tuvo que recurrir a sus servicios para poder garantizar la seguridad de las instituciones, provocando que éstas se volvieran más poderosas y no tuvieran que rendir cuentas hacia el Gobierno. Esta situación ha desencadenado la existencia de cuatro grandes milicias que controlan Trípoli en la actualidad:

  • La Fuerza Especial de Disuasión: una milicia de ideología salafista liderada por Abdel Rauf Kara, que controla el único aeropuerto operativo en la capital y realiza funciones policiales y antiterroristas.
  • Las Brigadas Revolucionarias de Trípoli: controlada por Haitham Tajouri, es una de las milicias más fuertes de la capital en términos de armamento y personal. Ha perdido poder en detrimento de la Fuerza Especial de Disuasión.
  •  La Brigada Nawasi: es una milicia islamista que se encuentra bajo control de la família Qaddur. En el pasado había apoyado al Gobierno de Salvación Nacional, pero en la actualidad apoya al GNA.
  • La Brigada Abu Salim: dirigida por Abdel Ghani al Kikli, también realiza funciones policiales. Se ha enfrentado militarmente con la Brigada Nawasi.

Mapa de los grupos armados presentes en Trípoli en junio de 2018 // © Small Arms Survey

Inmersas en un escenario de caos, estas cuatro milicias se han convertido en mafias que utilizan el monopolio de la violencia para influir en las decisiones políticas y garantizar grandes ganancias económicas extorsionando al Gobierno y a los bancos. A este desorden se suma la existencia de otras milicias que se oponen al enorme poder acumulado por este cártel, tal es el caso de la Séptima Brigada de Tarhuna-ciudad cercana a la capital, que lanzó una operación militar en septiembre de 2018 junto a una milicia de Misrata liderada por Salah Badi. Ante ello, para parar la ofensiva, el presidente del GNA, Fayez Al Serraj, se vio obligado a pedir ayuda a las milicias de Zintan y Misrata, quienes pese a haber contado con una presencia destacada en la capital, la habían perdido los últimos años. Aquí, el caso de Misrata resulta destacable, pues fue la que más rápidamente perdió poder, entre otras cosas debido a que su alianza con Amanecer Libio (2014) perjudicó su imagen a ojos de la comunidad internacional. Ello llevó a Misrata a liderar la ofensiva que expulsó al Estado Islámico de la ciudad costera de Sirte (2016), donde contaría con la ayuda del Reino Unido y Estados Unidos.

En los últimos tiempos, Misrata y Zintan han dado un paso muy importante, pues han dejado atrás las diferencias que les llevaron a enfrentarse militarmente en 2014, con el fin de sellar un acuerdo de paz. La mencionada reconciliación abre la posibilidad una alianza en el futuro que les permita recuperar protagonismo y romper el equilibrio de poder en Trípoli.

El actual retorno del conflicto a Trípoli parece beneficiar al Ejército Nacional Libio (ELN), que apoya militarmente al Gobierno de Tobruk y es el principal foco de poder que cuestiona el GNA. El ELN, compuesto por un conjunto de unidades militares como las fuerzas especiales Saiqa y milicias tribales de la región de Cirenaica, cuenta hoy con el apoyo militar de Egipto y Emiratos Árabes, sin embargo no ha estado exento de problemas.

Pese a expandir su control sobre la región, los últimos años Haftar ha tenido que hacer frente a una serie de dificultades. En el pasado mes de abril, su estado de salud empeoró y tuvo que ser tratado en un hospital militar en París. Esta situación permitió el surgimiento de voces críticas dentro del seno del ELN y hizo aflorar dudas sobre quién sucedería a Haftar en caso de que falleciese. Junto a lo anterior, se encuentran otras cuestiones como las críticas de los Awaquir, una de las principales tribus de la Región de Cirenaica, que acusan a Haftar y a gente de su entorno de matar y encarcelar líderes tribales. Aquí, las victorias militares han permitido a Haftar acallar a la oposición interna y consolidar su poder. Por eso, con el fin de mostrarse fuerte ante sus enemigo de Trípoli y sus rivales internos, tras volver de Francia, Haftar emprendió una ofensiva militar contra la ciudad de Derna -bajo el control de las fuerzas islamistas-.

Por otro lado, Haftar ha tenido que hacer frente a la crisis de los pozos de petróleo. En junio de 2018 las fuerzas de Jadhran le arrebataron el control de los principales pozos de petróleo. Tras recuperarlos, Haftar puso la gestión de la exportación petrolífera en manos de una empresa paralela no reconocida internacionalmente, provocando que nadie comprara el petróleo que esta vendía. Una presión que forzó a Haftar a ceder nuevamente el control de los pozos a la Compañía Nacional de Petróleo. Esta crisis puso de manifiesto, una vez más, el conflicto sobre la repartición  de los beneficios de la exportación de este recurso en el país.

Dentro del caos presente en Libia, el sur se presenta como la zona más preocupante, pues cuenta con una mínima presencia del Estado, y constituye una ruta de paso para los migrantes que buscan llegar a Europa. Aquí, aparte de los árabes, residen otras etnias como los Tuaregs y Tubu, que siempre han sufrido discriminación y falta de oportunidades. Tras la caída de Gadafi, las principales tribus presentes en la zona se han enfrentado entre sí por el control de las principales redes de tráfico ilegal, las fronteras y control de los pozos de petróleo como el de Sharara, el yacimiento petrolero más grande de Libia. A ello se suma el incremento del conflicto en el sur debido a la intervención de las milicias del norte del país. En este sentido, las milicias de Misrata han apoyado militarmente a los Tuareg, mientras que el ELN a los Tebu. Por su parte, el GNA ejerce poca influencia en el sur de Libia y cuenta con pocos apoyos locales, a diferencia de las fuerzas de Haftar.

Esta zona del país ha sido asimismo aprovechada por grupos armados como es el caso del Estado Islámico, que ha aprovechado la debilidad institucional y la falta de control policial para establecerse en el sur.

Con todo, la realidad es que Libia se encuentra bajo el yugo de centenares de milicias que actúan como organizaciones criminales que anteponen sus intereses personales al bienestar del pueblo. La falta de instituciones fuertes que controlen a las milicias les ha otorgado impunidad para cometer violaciones de derechos humanos. En este sentido, el Ministro de Exteriores del GNA, Mohamed Tahar Siala, reconoce publicamente que las milicias son el mayor obstáculo que ha de hacer frente el Gobierno, pero las necesitan para proteger a las administraciones. Así, las milicias se presentan como un obstáculo para la pacificación del país, fundamentalmente debido a que sedientas de poder y con intereses contrapuestos, se oponen a apoyar una solución que suponga su desaparición.

Mapa de la distribución del control territorial en Libia // © Sada

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